Bolivia busca abrir un nuevo negocio con sus bosques en el mercado de carbono
El Gobierno firma
un acuerdo con Emergent para conectar proyectos forestales con compradores
internacionales. Charagua Iyambae será la primera experiencia y tiene un
potencial anunciado de 18 millones de toneladas de emisiones reducidas.
Bolivia busca
incorporar la conservación de sus bosques a una nueva alternativa de generación
de recursos: el mercado internacional de créditos de carbono. En el marco de la
COP31, el Gobierno firmó un memorando de entendimiento con la organización
internacional Emergent para evaluar proyectos forestales y facilitar su
conexión con potenciales compradores y financiadores.
El acuerdo fue
suscrito por el ministro de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Óscar
Mario Justiniano, y el presidente y director ejecutivo de Emergent, Eron
Bloomgarden. La primera experiencia que será evaluada es el proyecto de
conservación forestal de la Autonomía Indígena Originaria Campesina Charagua
Iyambae, en Santa Cruz.
La apuesta
económica consiste en transformar la reducción verificable de la deforestación
en créditos de carbono que puedan comercializarse en mercados internacionales.
En términos prácticos, esto permitiría que la conservación de los bosques
genere ingresos, en lugar de depender exclusivamente de recursos públicos o de
la cooperación internacional.
El potencial
anunciado por el Gobierno para el programa de Charagua Iyambae alcanza los 18
millones de toneladas de emisiones reducidas. Esta cifra constituye una
proyección del programa y no significa que ya existan 18 millones de créditos
certificados y disponibles para la venta.
Una oportunidad
para captar financiamiento externo Emergent es una organización internacional
que conecta a gobiernos y territorios con proyectos forestales de alta
integridad con empresas y otros compradores interesados en financiar la protección
de los bosques tropicales.
La entidad
coordina la Coalición LEAF, una iniciativa público-privada que busca movilizar
recursos para frenar la deforestación. Su modelo contempla pagos vinculados a
resultados ambientales comprobables y también la posibilidad de anticipar
recursos para ayudar a los gobiernos forestales a superar barreras técnicas y
financieras.
Para Bolivia, el
interés radica en acceder a una fuente adicional de financiamiento externo,
atraer capital para proyectos de conservación y generar oportunidades
económicas en territorios que mantienen importantes superficies de bosques.
Sin embargo, el
memorando firmado en Turquía no representa todavía un contrato de compra ni
garantiza ingresos para el país. Abre una etapa de trabajo técnico destinada a
evaluar la viabilidad de los proyectos, fortalecer su preparación y acercarlos
a potenciales compradores.
Un mercado que
exige certificación y reglas claras Bolivia
cuenta con un marco normativo que permite avanzar en esta actividad. El Decreto
Supremo 5264, aprobado en octubre de 2024, estableció lineamientos para
gestionar financiamiento climático y acceder a mecanismos como los mercados de
carbono.
La normativa
define que un crédito o bono de carbono equivale a una tonelada de dióxido de
carbono equivalente cuya reducción, evitación o captura haya sido reconocida
mediante los procedimientos correspondientes. También contempla el Registro
Nacional de Programas y/o Proyectos (RENAPP), encargado del registro,
seguimiento y monitoreo de estas iniciativas.
El desafío está
en demostrar que las reducciones de emisiones son reales, medibles y
verificables, evitar la doble contabilización de resultados y establecer
mecanismos transparentes para distribuir los recursos.