Bolivia perfila las reglas para atraer inversiones con bonos de carbono
Créditos, pagos
por resultados ambientales y servicios ecosistémicos figuran entre algunos
mecanismos para conseguir capital. Esto está contemplado en el proyecto de ley
de acceso a financiamiento climático
Bolivia busca
ampliar sus fuentes de financiamiento mediante un proyecto de ley que propone
atraer inversiones nacionales y extranjeras hacia la conservación de la
biodiversidad y la acción climática. La iniciativa contempla créditos de
carbono, pagos por servicios ambientales y esquemas que combinan recursos
públicos y privados. La apuesta busca aprovechar el patrimonio natural sin
depender solo de créditos y donaciones.
El proyecto de
Ley Marco de Regulación y Articulación del Financiamiento Climático y de
Biodiversidad pretende “movilizar recursos, atraer inversiones sostenibles,
fortalecer capacidades institucionales y facilitar el acceso a mecanismos
nacionales e internacionales de financiamiento”. Hace casi un mes, la
iniciativa fue aprobada en la Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio,
Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente de Diputados; aún no es ley.
La norma también
plantea una estructura de coordinación entre el Gobierno central, las
gobernaciones, los municipios, las comunidades y el sector privado. Busca
impulsar proyectos de conservación y adaptación climática.
“Son estrategias
de conservación que buscan garantizar la estabilidad ambiental de nuestro país.
De manera complementaria, pueden generar ingresos y dinamizar la economía”,
señaló el viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y
de Gestión y Desarrollo Forestal, Jorge Ávila, durante la socialización del
proyecto.
Cómo llegarían
los recursos Incluye instrumentos
presupuestarios, concesionales, de mercado y cooperación, públicos, privados o
mixtos. Entre ellos figuran los pagos por resultados, que remuneran avances
ambientales verificados; los pagos por servicios ecosistémicos y ambientales, que
reconocen beneficios derivados de la protección de la naturaleza, y el
financiamiento combinado, que articula distintas fuentes de capital.
No todos aportan
recursos inmediatos. Algunos pueden generar ingresos sin constituir deuda,
mientras que otros, como ciertos esquemas de financiamiento combinado, pueden
incorporar préstamos. Las condiciones dependerán de cada operación.
El texto también
reconoce los créditos o bonos de carbono como activos ambientales que podrían
integrar el patrimonio de sus titulares y ser administrados, transferidos o
comercializados conforme a las reglas aplicables. Su rentabilidad dependerá de
certificaciones, costos y demanda
La economista
ambiental Carla Ledezma advierte que aprobar una norma no garantiza la llegada
de capital. Los mercados de carbono, explica, están expuestos a fluctuaciones
de precios y a gastos de certificación. A ello se añade una dificultad: en
varios mecanismos los desembolsos se efectúan después de verificar los
resultados del proyecto.
“En Bolivia más
bien necesitamos que los recursos nos los otorguen antes, de forma que con
ellos podamos hacer acciones para adaptación o para mitigación. Entonces, ahí
hay un poco de desfase a nivel de tiempos”, sostuvo.
Por eso,
considera indispensable fortalecer equipos técnicos, reducir obstáculos
burocráticos y coordinar mejor a las instituciones que diseñan y ejecutan
iniciativas ambientales. Sin proyectos sólidos y verificables, advierte, la
disponibilidad de instrumentos jurídicos puede quedar lejos de traducirse en
inversiones reales.
Ledezma destaca
también el canje de deuda por naturaleza, con el que podrían redirigirse
recursos hacia la restauración de ecosistemas y la adaptación climática.
También advierte tensiones entre conservar bosques y otras actividades
económicas.
El debate de
fondo no se limita a crear nuevas opciones para captar dinero. Se trata de
definir quién accederá a los fondos, cómo se distribuirán los beneficios y qué
controles asegurarán que los recursos se conviertan en resultados ambientales
medibles.