El FMI ofrece oxígeno a Bolivia, pero el ajuste llegará antes que la recuperación.

Bolivia espera un préstamo del FMI por $us 1.900 millones, en un programa de tres años. El acuerdo puede aliviar la falta de divisas y recuperar la confianza, pero compromete al Gobierno a eliminar la subvención a los combustibles desde enero de 2027. Marcelo Trigo advierte que el país deberá ajustarse mientras la economía continúa en recesión.

El precio que hoy paga un transportista por el diésel, una familia por la gasolina o un productor para mover su maquinaria tiene fecha de vencimiento. Bolivia se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a eliminar desde enero de 2027 la subvención a los combustibles y reemplazarla por precios que cubran sus costos reales.

Es la decisión más sensible de un programa que puede aportar $us 1.900 millones, fortalecer las reservas y calmar las presiones sobre el dólar, pero que también anticipa un periodo difícil. El ajuste comenzará cuando la economía todavía esté en recesión y antes de la recuperación proyectada para 2028.

El Memorando de Políticas Económicas y Financieras establece que el Presupuesto General del Estado de 2027 no podrá asignar recursos del Tesoro ni de las empresas públicas para subvencionar los combustibles. Hasta mediados de enero de 2027 los precios permanecerán congelados. Después deberán adecuarse a una fórmula que incorpore el tipo de cambio flexible y los costos de importación, refinación y comercialización.

No se conoce todavía cuánto costará el litro de gasolina o diésel desde enero. Tampoco está definido si el ajuste será inmediato o escalonado. Lo que sí está escrito es que los precios deberán alcanzar un nivel que permita recuperar los costos.

La medida aliviará una de las mayores cargas sobre las finanzas estatales, pero puede trasladarse rápidamente al transporte, la producción y los alimentos. El propio memorando admite que la eliminación de la subvención puede retrasar la reducción de la inflación y provocar nuevas tensiones sociales.

Marcelo Trigo, expresidente de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), coincide con la necesidad de enfrentar ese problema.  “Yo no veo otra solución de que se levante el subsidio”, afirmó. A su juicio, mantener precios distintos genera distorsiones, alimenta el contrabando y obliga a toda la población a financiar un beneficio que no siempre llega a quienes más lo necesitan.

La salida, plantea, debe incluir ayuda directa para los hogares vulnerables. Sin embargo, el programa revela una peligrosa carrera contra el tiempo: el combustible dejará de estar subvencionado desde enero, pero el marco jurídico del registro social unificado recién debe presentarse hasta marzo de 2027. La integración completa de las bases de beneficiarios está proyectada para 2028.

El riesgo es evidente. Los precios pueden subir antes de que el Estado tenga listo un sistema capaz de identificar y compensar a las familias que no podrán absorber el golpe.

Los $us 1.900 millones del FMI pueden darle a Bolivia algo que hoy necesita con urgencia: divisas y tiempo. El país debe importar combustibles, pagar deuda externa, devolver gradualmente depósitos en dólares y reconstruir unas reservas que llegaron a niveles críticos.

El financiamiento todavía requiere la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo y la autorización de la Asamblea Legislativa para efectuar los desembolsos. No será un monto entregado de una sola vez ni un cheque que el Gobierno pueda gastar libremente. El cumplimiento será evaluado cada tres meses. La falta de dólares y el debilitamiento del Banco Central terminaron haciendo insostenible el anterior tipo de cambio fijo. Por eso, el acuerdo compromete al país a mantener un régimen flexible. Las variaciones de la cotización dejarán de ser una anomalía para convertirse en parte de las El compromiso fiscal es profundo. El Gobierno deberá ejecutar un ajuste equivalente aproximadamente al 8,5% del PIB entre 2026 y 2029. La meta es eliminar el déficit primario y reducir el déficit global hasta el 3,5% del PIB al finalizar el programa. decisiones habituales de empresas y familias.