Gobierno ve “muy graves” acusaciones contra Mariaca y pedirá pruebas a EEUU

Defensa anunció que Bolivia solicitará información y elementos probatorios a Washington. Presidencia evitó pronunciarse sobre una eventual renuncia del fiscal general y pidió que cualquier actuación se encuadre en la institucionalidad y el debido proceso.

El Gobierno boliviano calificó de “muy graves” las acusaciones formuladas por Estados Unidos contra el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y anunció que solicitará oficialmente a Washington información complementaria y los elementos probatorios que sustentaron la decisión de retirarle la visa por presuntos hechos vinculados con corrupción y narcotráfico.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, marcó la posición más firme durante una conferencia de prensa conjunta ofrecida la noche de este lunes por autoridades del Ejecutivo.

“Las declaraciones y señalamientos de Estados Unidos son bastante graves y el Gobierno los toma con absoluta seriedad”, afirmó Justiniano. Añadió que se pedirá, mediante las instancias competentes, “información complementaria” y “elementos probatorios” que puedan ser conocidos por Bolivia para que el caso sea investigado.

Estados Unidos anunció este lunes la cancelación de visas de funcionarios y exfuncionarios latinoamericanos señalados por corrupción y vínculos con el narcotráfico. En el caso de Mariaca, el Departamento de Estado lo acusó de haber solicitado y recibido sobornos para facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico y favorecer a delincuentes violentos. Se trata, por ahora, de acusaciones formuladas por el Gobierno estadounidense que deberán ser contrastadas en Bolivia dentro de las investigaciones anunciadas por el Ejecutivo. La medida estadounidense alcanza también a otros 12 bolivianos, entre fiscales, exautoridades, empresarios y policías, según la información difundida sobre la decisión.

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, adoptó un tono más cauteloso y remarcó que cualquier actuación debe producirse dentro del marco institucional.

“Todas las actuaciones de la Fiscalía, como de cualquier otro órgano público del Estado, naturalmente tienen que llevarse de acuerdo a lo que dicta la normativa”, señaló. Agregó que las investigaciones en curso deben continuar de manera “independiente y transparente”.

Aramayo sostuvo que el desafío pasa por recuperar la confianza en las instituciones y aseguró que el Ejecutivo acompañará las acciones que correspondan para esclarecer eventuales hechos contrarios a la ley.

Cuando fue consultado sobre los pedidos surgidos desde el Legislativo para que Mariaca deje el cargo, el Gobierno evitó respaldar directamente esa posibilidad.

Justiniano recordó que el nombramiento del fiscal general emerge de la Asamblea Legislativa y sostuvo que, si diputados y senadores plantean su renuncia, esa instancia deberá proceder conforme a las formalidades establecidas en sus normas internas.

“Nosotros somos muy respetuosos del funcionamiento independiente de cada órgano”, señaló. Confirmó, además, que mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores se solicitará oficialmente a Estados Unidos la información que llevó a Washington a adoptar la medida contra Mariaca.

 

El titular de Defensa planteó separar tres ámbitos: la defensa del orden democrático, las denuncias de corrupción y las acusaciones relacionadas con narcotráfico y crimen organizado.

Sobre este último punto reiteró: “Las declaraciones que se han dado por parte de los Estados Unidos son muy graves, muy graves, y corresponde que sean esclarecidas con evidencia, cooperación internacional y, como siempre decimos, con debido proceso”.

Gobierno anuncia investigaciones El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció que su despacho intensificará las investigaciones sobre las personas afectadas por la decisión estadounidense y aseguró que el Ejecutivo utilizará la información que pueda recibir desde Washington.

“Empezaremos un proceso de investigación a fondo sobre esta lista que ha publicado el Gobierno de Estados Unidos”, manifestó.

Oviedo sostuvo previamente que las autoridades bolivianas procesan información mediante sus organismos de inteligencia, aunque aclaró que solo hacen públicos sus resultados cuando cuentan con “evidencias concretas”. También señaló que el Ejecutivo coadyuvará con las investigaciones que correspondan.

Entre las personas alcanzadas por la medida estadounidense figura también el coronel Frans William Cabrera Quispe, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

Justiniano confirmó que Cabrera integró delegaciones oficiales debido a las responsabilidades que ejercía, incluso en una misión a Estados Unidos, y que anteriormente existió trabajo coordinado con la DEA. Aseguró que hasta conocerse la decisión de Washington el Gobierno boliviano no tenía información sobre los cuestionamientos contra el exjefe policial y anunció que también pedirá explicaciones sobre las razones de la suspensión de su visa.

Mariaca, por su parte, anunció que las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público continuarán y rechazó que esa institución actúe bajo presiones. El fiscal general todavía no respondió específicamente al fondo de la acusación estadounidense sobre los presuntos sobornos vinculados con el narcotráfico.