Ranking mundial aplaza a una justicia golpeada por la corrupción y el narcotráfico
La caída de
Mariaca, Saucedo y fiscales y jueces, refleja el colapso del sistema y salpica
a todos los órganos del Estado, concluyen tres expertos. Además es la señal más
clara de que la elección de magistrados por voto, es un fracaso
Ranking mundial
aplaza a una justicia golpeada por la corrupción y el narcotráfico. El presagio
de un “octubre negro” se cumplió en Bolivia, pero esta vez golpeó a la cúpula
de la justicia. Desde el 30 de septiembre hasta bien entrado este mes de
noviembre, causas por narcotráfico, organización criminal y legitimación de
ganancias ilícitas alcanzaron a fiscales, jueces, policías y autoridades del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El escándalo coincide con indicadores de un
grave rezago internacional.
Todo comenzó con
la aprehensión de Róger Mariaca y Alberto Zeballos acusados de proteger las
actividades del narcotráficante Sebastián Marset. Luego, el 'caso maletas'
implicó a Rómer Saucedo, cuando él aún presidía el TSJ, además de su entorno.
El ministro de
Gobierno, Marco Antonio Oviedo, denunció una estructura que protegió
operaciones del narcotráfico desde la justicia. Las denuncias exhiben fallas de
control en la Fiscalía, el TSJ y la Magistratura. También reabren el debate
sobre la influencia política. Según juristas, el problema supera las conductas
individuales porque abarca los controles y la selección de autoridades.
Un país rezagado
en justicia El Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project
(WJP), publicado a finales de octubre, sitúa a Bolivia en el puesto 130 entre
143 países, con una calificación de 0,37 sobre 1. Subió un lugar desde 2025,
pero su puntuación global sigue estancada. En Latinoamérica ocupa la posición
29 de 32, solo por encima de Nicaragua, Haití y Venezuela.
El dato más severo
corresponde a justicia penal. Bolivia ocupa el puesto 142 de 143, el penúltimo
del mundo, con 0,19 puntos. El factor mide investigaciones, rapidez procesal,
garantías e independencia judicial. La justicia civil permanece en el puesto
140, con 0,30 puntos, con demoras y dificultades complejas de acceso y
cumplimiento de fallos.
En ausencia de
corrupción, Bolivia avanzó del puesto 141 al 140 y su puntuación pasó de 0,23 a
0,24. Sigue, sin embargo, en el lugar 31 entre 32 países de la región. El
factor analiza el posible uso de cargos estatales para obtener beneficios
privados en el Ejecutivo, el Legislativo, los tribunales y los organismos de
seguridad. Esas leves mejoras contrastan con causas abiertas contra
exautoridades.
Mariaca permanece
con detención preventiva en Cantumarca, Potosí, por procesos de presunto
narcotráfico, organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas.
Zeballos fue enviado a El Abra; el exfiscal Martín Irusta, a Patacamaya, y el
mayor de Policía Rubén Aparicio, a Chonchocoro.
Otro expediente
contra Mariaca surgió tras el hallazgo de Bs 3,5 millones y dólares en una
ambulancia que salió de su vivienda el día de su aprehensión. Tras ese actuado,
se ejecutaron al menos 11 allanamientos en propiedades con Mariaca cuando era
fiscal.
Otras pesquisas
mencionan al exfiscal departamental de La Paz Luis Carlos Torrez, la fiscal
Delmy Guzmán, el exjuez Heber Zeballos y Mauricio Requena, exasesor de Saucedo.
Saucedo salió del país, negó vínculos con el narcotráfico y denunció
persecución. Los casos tienen alcances diferentes, tanto en delitos
investigados como en situación procesal. Eso sí. El caso Maletas dejó dos sentencias el
13 de noviembre. Aldo Quezada, expresidente del Tribunal Departamental de
Justicia de Santa Cruz, y el exfiscal antidroga Julio César Porras aceptaron
procedimientos abreviados y fueron condenados, cada uno, a tres años por
organización criminal. Pero sigue sin aclararse quién organizó el traslado de
las valijas, qué contenían y dónde terminaron. Aunque autoridades afirman haber
identificado a sus principales responsables, continúan las preguntas sobre el
recorrido de las maletas y las pruebas materiales.
Las condenas
dejan una pregunta central. ¿Cómo garantizar investigaciones independientes
cuando entre los investigados aparecen quienes hasta hace poco dirigían los
organismos responsables de impartir justicia?
Piden una reforma
de fondo Para la abogada Audalia Zurita,
los supuestos nexos entre justicia y narcotráfico eran “un secreto a voces”. Lo
nuevo, dice, es la pugna que alcanzó a las cúpulas. “Lo peculiar y lo llamativo
es que se ha presentado una guerra de poder”, afirmó tras referirse a la caída
de las máximas autoridades. Ve también una disputa por el control
institucional.
Para el abogado
Jorge Santistevan, “el sistema judicial boliviano ha colapsado
estructuralmente”. Atribuye el deterioro a intereses partidarios y del
narcotráfico, con la población indefensa. Rechaza soluciones superficiales. “Se
requiere una reingeniería radical y un nuevo pacto constitucional sobre la
justicia”, apostilló.
El
constitucionalista Marco Baldivieso pide investigar al Consejo de la
Magistratura y revisar la selección de jueces y fiscales. Cree que el voto
popular profundiza la politización. “Yo creo que esta es la señal definitiva,
por lo menos en Bolivia, porque la elección de magistrados no sirve”, sostiene.
Los tres
especialistas cuestionan, además, el sistema de designaciones que vincula a la
justicia con las mayorías políticas de la Asamblea Legislativa. Proponen
revisar la elección judicial y la selección del fiscal general, que corresponde
a la Asamblea Legislativa, para reducir las cuotas partidarias y mejorar la
evaluación de méritos.
En este contexto,
Bolivia afronta dos desafíos. Por un a parte, establecer responsabilidades con
pruebas y debido proceso, y recuperar la independencia judicial, además de la
confianza ciudadana, un aspecto que demanda una reforma a la Constitución
Política.
De este modo, y
de acuerdo con los especialistas, el “octubre negro” de la justicia dejó al
descubierto una crisis que no se resolverá únicamente con más aprehensiones. La
reforma judicial